Regionalización en Colombia

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Location: Departamento del Magdalena, Colombia

La transformación estructural de nuestro país pasa indiscutiblemente por la reducción de las desigualdades regionales. Quienes militamos en el Polo Democrático Alternativo creemos que podemos constituir una alternativa de poder, que le devuelva al Estado su capacidad de intervenir en la economía para construir condiciones de igualdad. Este espacio ha sido creado por militantes del POLO que sueñan con una Colombia posible, y en vez de aquella Colombia fracasada que hemos heredado.

Wednesday, September 06, 2006

INTRODUCCION

Así como Colombia no se parece en todo a las demás naciones
antiguas y modernas, así también no debe parecerse en todo a sus formas de gobierno; y por tanto no debe ser éste ni absolutamente central ni federal; porque Colombia, según sus costumbres, su localidad y la diseminación de su población participa de caracteres que reclaman una tercera especie de gobierno, que yo me atrevería a denominar centro-federal.

Manuel María Quijano, Congreso Admirable, 1830

Hoy, cuando los fusiles crujen, y nuestras regiones se desangran y
empobrecen, un nuevo sueño se asoma en nuestra patria: La región.

Siempre como pueblo hemos creído, que la verdad se encuentra en los centros de poder, que el conocimiento es monopolio de unos pocos afortunados; nos hemos edificado bajo falsos dioses y profetas.

Esta trabajo esta dedicado a la provincia, a la región, a esa Colombia lejana, que hoy vive en los campos de batalla.


Abraham Antonio Katime Orcasita
Grenfiet de Jesus Sierra Cadena
Revisar la historia de Colombia implica estudiar el proceso de regionalización del país, entre otras razones porque la cuestión territorial ha sido –abusando de la síntesis– una de las causas objetivas que mantiene latente el conflicto armado y el subdesarrollo socioeconómico. La discusión sobre la división político administrativa del Estado está en plena vigencia y su solución implica sopesar las aspiraciones de las regiones particularmente consideradas, en consonancia con el conjunto de los altos intereses nacionales.

La investigación pretende centrar sus esfuerzos en la indagación sobre el proceso que ha reordenado el territorio colombiano –incluso desde el momento en que el territorio hizo parte de la nación colombiana– y, con base en dicho examen, proyectar los lineamientos de un estado regional que supere la versión del estado unitario descentralizado con autonomía de las entidades territoriales que después de 15 años de consagración constitucional no ha logrado concretarse institucionalmente. El resultado esperado es una carta de navegación que sirva tanto a versados sobre el tema que deseen encontrar nuevas lecturas o recordar ciertos hechos en su real contexto, como a neófitos que quieran tener una visión global e integral sobre el mismo.

Si nos diéramos a la tarea de definir qué es una carta de navegación diríamos que son las coordenadas que nos permiten saber de qué puerto salimos y a qué puerto habremos de llegar después de recorrer una ínfima distancia de las innumerables que componen el océano del conocimiento, el cual, conforme a la descripción alegórica de Sócrates, es el único bien, pues “solamente hay un mal, la ignorancia, y solamente hay un bien, el conocimiento”.

Fieles a la teoría del conocimiento, el enfoque metodológico que se utilizó para el abordaje científico y objetivo de la cuestión regional es el pensamiento sistémico, por cuanto este problema es de aquellos compuestos por una serie de elementos muchas veces separados en términos de espacio y tiempo, pero conectados en el mismo patrón.


El proceso de regionalización es una metodología, procedimiento o intervención para modificar el orden territorial; en ese sentido, el ordenamiento territorial trata sobre la utilización racional del espacio –territorial– en términos de sus múltiples variables para atender las necesidades de desarrollo socioeconómico sostenible de sus habitantes. Por tanto, el sistema regional hace parte de una cosmovisión del territorio que intenta conciliar espacio y poder. Dada la magnitud y complejidad interdisciplinaria con que se presenta la cuestión territorial, esta investigación se focaliza en el proceso de regionalización (sistema regional) y sus diferentes componentes que comporta uno de los modelos posibles para ordenar el territorio.

Así, el proceso de regionalización es analizado como un sistema complejo que integra diferentes áreas del saber, ya que se asimila más a un diamante por sus múltiples caras en disenso que a una moneda en la cual prima la bidimensionalidad. Por eso, la revisión bibliográfica y las indagaciones no se limitaron al campo jurídico, área en la que el equipo de investigación se encuentra entrenado, sino que se acudió, además, a otras áreas del saber con mayor disposición de aprendizaje que aptitud científica por cuanto constituyen disciplinas sobre las que sólo se posee una proximidad elemental. Tal es el caso de las Ciencias Económicas, la Ciencia Política, las Finanzas, la Administración Pública y de Empresas, la Sociología, la Filosofía, el Gobierno y las Relaciones Internacionales.

La regionalización es un problema que no permite una sola respuesta, por cuanto entre más se profundiza en la cuestión surgen exponencialmente interrogantes que generan una diversidad de soluciones que bien podrían plantearse como alternativas. En muchos casos, las soluciones pueden ser contradictorias entre sí, pues el problema es abordado desde diversas perspectivas. No pretendemos, entonces, ser omnicomprensivos en la lectura sobre el proceso de regionalización en Colombia y mucho menos mesiánicos en la propuesta de elementos para la construcción del estado regional. Defender su instauración, como presupuesto para la paz y el desarrollo, teniendo en cuenta razones de índole jurídico y político – institucional, es la tarea que nos convocó en este estudio.

Atendiendo estas consideraciones, el texto comprende un capítulo preliminar cuyo objeto es realizar una sinopsis de los diferentes modelos de organización territorial que se han ideado. Contiene dos partes, en la primera: “Evolución del proceso de regionalización Colombiano”, se hace una lectura de los antecedentes más relevantes del proceso, desde la instauración de la Nueva Granada hasta el último proyecto de ley presentado durante el cuatrienio del gobierno actual. Este trasegar histórico tiene el objetivo de resaltar ciertas discusiones, algunos hitos y puntuales instituciones para identificar los antecedentes sin pretender contar la historia extensa de Colombia. Sin embargo, cuando nos adentramos en los precedentes inmediatos del proceso de regionalización incorporados en la constitución de 1991 y en sus posteriores desarrollos, intentamos detallar con la mayor fidelidad posible sus diferentes etapas para lograr un cabal entendimiento del espíritu del constituyente primario frente al modelo de ordenamiento territorial que debía adoptar el país por expreso mandato constitucional.

El espíritu del constituyente primario contenido en los artículos 306 y 307 de la Constitución Política se vislumbra en las transcripciones textuales y contextuales de la Asamblea Nacional Constituyente (Comisión 2.ª de Ordenamiento Territorial). Esto explica también, el amplio análisis realizado por la Comisión de Ordenamiento Territorial transitoria, extensión viviente del constituyente en materia de ordenamiento territorial y, por consiguiente, de regionalización.

Acerca del tema institucional se analizaron los diferentes escenarios creados a lo largo del siglo pasado. Esta aproximación se entronizó con el panorama explicativo que se elaboró para revelar tanto los modelos de regionalización que se implantaron como las políticas gubernamentales sobre ordenamiento territorial comprometidas en los últimos cuatro planes de desarrollo, a fin de desentrañar el espíritu político de la descentralización territorial.

Finalmente, se analiza el concepto de autonomía territorial en la jurisprudencia de la Corte Constitucional a fin de establecer sus verdaderos alcances,
La segunda parte, “Hacia el estado regional”, se introduce con la ubicación teórica del estado autonómico en torno a la descripción de los rasgos fundamentales que caracterizan ha este modelo. Una vez situado conceptualmente el estado regional se intenta actualizar el concepto de región, como centro de gravedad del modelo regional, con base en el nuevo orden mundial.

No se pretende realizar un estudio comparado con modelos como el italiano, el francés, el alemán y el español, los cuales han sido ampliamente abordados por diferentes autores.

Tratadistas constitucionales de la trayectoria y jerarquía del profesor Vidal Perdomo, han descrito con suficiencia las influencias recibidas por el constituyente del 91 en virtud de modelos ejemplificantes, especialmente en lo relativo al modelo Francés.


Sin embargo, a nivel ontológico, es poco lo que se ha avanzado en el concepto de región y sus nuevas virtudes. La globalización y sus consecuencias prácticas son realidades inobjetables que a la vez que eclipsan las fronteras, vivifican lo local y robustecen la regionalización bajo parámetros muy distintos de aquéllos que le dieron origen a los procesos de regionalización iniciados en la Europa de la segunda mitad del siglo pasado.

Por último, se presentan una secuencia de reflexiones tendientes a superar el modelo de organización territorial actual, y aún el propuesto en la constitución de 1991, por otro que responda a un esquema de desarrollo más consecuente con las realidades sociológicas, jurídico-políticas y económico-territoriales vigentes. Al final se presentan unos instrumentos para pensar la posibilidad de estructurar un modelo de organización territorial regional que supere la fórmula unitaria aún presente en nuestro ordenamiento jurídico. Con ello pretendemos persuadir a los afanosos detractores de la regionalización sobre la factibilidad de optar por una solución que suprima el divorcio entre los hechos y el derecho con relación a la crucial cuestión territorial, en un país como el nuestro, que territorialmente ha sido colonizado por el imperio de fuerzas al margen de la ley.

Esperamos sea una contribución para continuar la discusión sobre la repartición de poder y espacio en un estado desdibujado por su ausencia y lejanía de las más sentidas necesidades locales y regionales.

Tuesday, September 05, 2006

CAPITULO PRELIMINAR. Tres modelos de Estado

El tema que nos ocupa es fundamental en la discusión de la “Teoría general del estado”. Foros especializados en la materia han considerado, con acierto, que “después de la división del poder (...), ningún tema como la distribución del mismo (...) ocupa un lugar tan prioritario”.[1] Por ello, la primera parte de este texto trata de introducir los tres grandes modelos de organización territorial que se han ideado para resolver la cuestión de repartición de poder y espacio en los estados. No se pretende, por tanto, agotar las diferentes teorías, sino hacer, en lo posible, una síntesis inicial que nos permita una mejor y mayor comprensión del modelo que finalmente ocupa nuestros esfuerzos: el regional.

La aprehensión de esta realidad requiere de precisiones conceptuales preliminares a fin de evitar desviar la atención en las formas de gobierno, trama que está en estrecha relación con el fondo del asunto que aquí se trata: el modelo de organización territorial o modelo de organización político-administrativo; es decir, el modelo o forma de estado.

La forma o modelo de estado es una preocupación del debate político que adquirió trascendencia en el siglo XIX, en plena consolidación de los estados-nación, y que desde el punto de vista jurídico “(...) hace relación a la estructura interna del poder público, según se encuentre su titularidad unificada o dispersa”;
[2] mientras que las formas de gobierno es una discusión que se remonta al pensamiento antiguo, desde los filósofos griegos, pasando por los teólogos de la Edad Media, siguiendo por los teóricos del Renacimiento y empalmando con los publicistas de la modernidad; tendencias ideológicas que se preguntaron acerca de los órganos sobre los cuales se ejercía el poder político en una sociedad.

Las formas de estado se relacionan con la manera como se distribuye espacialmente el poder; por su parte, las formas de gobierno hacen referencia a la distribución funcional del mismo.

Antes de dar rienda suelta a las indagaciones que se avecinan, es necesario dejar sentado lo que se entiende con el uso reiterativo del concepto de Estado. Obviamente no pretendemos adentrarnos en las profundidades con que otros autores - en el transcurso de la historia de la humanidad - han expuesto el contenido de esta noción tan heterogénea; pero si de la defensa del Estado Regional, trata principalmente esta investigación, es apenas natural que se principie por una definición o a lo menos, una delimitación de los alcances con los que se pretende utilizar este término de contenido polivalente.

Lo primero que hay que decir al respecto, es que el Estado es una institución humana, o en otras palabras, es una entidad material y lingüística establecida por la sociedad. Lo segundo que es importante poner de presente, es que el estado es una institución humana de carácter eminentemente jurídico – político. Acorde con ello, solo es posible predicar la existencia de la institución “estatal” a partir de un alto grado de asociatividad entre ciertos grupos humanos. Y cuando aconteció este hito? En términos Aristotélicos, cuando las ciudades griegas hicieron posible la vida tranquila de sus habitantes, es decir, la felicidad de los ciudadanos. Desde el punto de vista medieval, el estado era una comunidad religiosa que perseguía y defendía con la vida y la muerte de sus adeptos, dogmas de fe; credos concientemente aceptados, o impuestos por medio del ejercicio “legítimo” de la fuerza.

Por su parte, la modernidad traería consigo sus propios afanes; las monarquía requería establecer instrumentos que le permitieran mantener un control menos expuesto sobre sus súbditos; la burguesía liberal, enervada por el racionalismo, encontró en los precarios y nacientes Estados, un medio idóneo para retirar a la clase dinástica de su hereditaria posición; circunstancias históricas favorables y un ánimo laico, progresista e idealista permitieron postular al Estado como “institución creadora de derecho”: principio y fin de la lucha revolucionaria, o mejor, “única instancia posible para alcanzar la paz y la felicidad de los hombres, al margen de los caprichos de algunos pocos”.

Bajo los anteriores presupuestos, a continuación haremos un breve repaso de las formas de estado, para luego –en la segunda y tercera parte– concentrarnos en el modelo propiamente regional.

[1] Hurtado Bonilla, Jaime Iván, Ordenamiento territorial: memorias. Serie encuentros nacionales, Jorge E. Urbina Pugliesse (ed.), Encuentro nacional sobre el ordenamiento territorial, [Barranquilla, 1997], Ministerio del Interior-ESAP, Bogotá, 1997, p. 121.

[2] Trujillo Muñoz, Augusto, Descentralización, regionalización y autonomía local, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Bogotá D. C., 2001, p. 77.

Monday, September 04, 2006

EL ESTADO FEDERAL. Principios del federalismo


1.2.3. LOS PRINCIPIOS DEL FEDERALISMO

Hemos visto que el federalismo es un modelo de estado que reposa sobre una convención, asociación de comunidades políticas, separadas e iguales, para tratar en conjunto sus problemas. Pero este pacto de unión está en permanente renovación mediante nuevos acuerdos para continuar la vida en comunidad a pesar de las diferencias.

El federalismo ha logrado consolidar la garantía de la diversidad, en medio de la dicotomía de preservar la identidad propia de cada comunidad en el marco de la unión, bajo el presupuesto de un orden mayor: el estado-nación.

Son tres los principios de la estructura federal que permiten que el sistema se regule, permanezca y resuelva sus conflictos internos:

(...) Adquirir texto completo.

EL ESTADO FEDERAL

1.2. EL ESTADO FEDERAL


Para caracterizar el estado federal es necesario remitirse a la obra americana The Federalist, de
Hamilton, Madison y Jay, la cual se ha constituido en la referencia primordial no sólo para los americanos, sino para los federalistas del mundo. Este texto se constituye en un manual de obligada consulta que permite desarrollar una compresión acertada de la estructura y las motivaciones de tal modelo de estado.



1.2.1. LA GÉNESIS DEL ESTADO FEDERAL CONTEMPORÁNEO


Hamilton nos explica que el estado federal no es una concepción novedosa de los padres de la Nación americana, ya que los antiguos griegos, mediante sus ciudades estados, desarrollaron una visión del poder, del mercado y de la defensa común de las ciudades helénicas cuya aspiración giraba en torno a la idea de proteger y expandir el helenismo hacia Asia.
[1]

Es así como los americanos, luego de ganar la guerra de independencia de sus 13 colonias, se dan a la tarea de recuperar la idea del federalismo helénico en tanto proyecto histórico de la Nación americana, la cual poseía una comunidad que tenía orígenes comunes, identidad idiomática y, en especial, una concepción de la libertad y de la predestinación divina compartida; características que la dotaban de una vocación para permanecer unida y de la convicción suficiente para preservar la soberanía interna de cada una de las colonias miembro.

En ese orden, hay que resaltar dos ideas que serían determinantes para consolidar el modelo federal americano. La primera de ellas fue la defensa común contra el imperialismo europeo; la segunda, la preservación de la paz interna de la Nación.
[2]

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes el tratadista español Fernández Badia, en un texto célebre sobre el estado unitario, afirma que “(…) el nacimiento del estado federal puede responder a una serie de factores tales como la contigüidad espacial, los económicos, sociales y es de suma importancia el factor de necesidad de defensa común, al menos en los comienzos del Estado Federal (…)”
[3] (negrillas fuera de texto). Esta descripción de la génesis del estado federal coincide con el hecho histórico ocurrido en la formación de los Estados Unidos de América, cuya primera constitución, de corte federal, habría sido producida por una revolución donde las trece colonias tenían tres puntos comunes en ese proceso de unificación que, además de ser traumático, fue muy exitoso. Estos elementos unificadores son enunciados por el profesor Juan Manuel Charry: “a) todas tenían legislatura de elección popular; b) la misma herencia del common law, y c) igual organización y procedimientos judiciales y el factor determinante, a no de orden institucional, fue la creciente antipatía a la dominación británica”[4] (negrillas fuera de texto).

Fueron múltiples los factores que motivarían el nacimiento del estado federal,
[5] pero el factor de defensa en contra del enemigo común fue determinante –en los comienzos– para forjar un contrato social entre trece colonias que propiciaran, desde una revolución, la independencia respecto del régimen británico.

Bajo esta óptica, la Primera Constitución Federal se inspiró en el reconocido pragmatismo estadounidense:

Se trataba de buscar una fórmula que hiciera compatibles la existencia de los Estados individuales con la de un poder dotado de facultades para bastarse por sí mismo en la esfera de sus funciones. Las formas de organización que se conocían entonces y que respondían a un criterio racional eran el Estado Unitario y la Confederación, y la que surge ahora será interpretada como una fórmula intermedia entre ambas (…).
[6]

Podríamos afirmar que ante la situación compleja del territorio norteamericano en tiempos de la colonización y el hostigamiento británico, y ante la gran gama de culturas que se asentaron en dichos territorios, se optó por una fórmula que involucrara la organización defensiva en contra del gigante de Europa –el cual no podría ser vencido de manera definitiva si hubiesen existido maridajes opresores en el territorio en colonización– y, al mismo tiempo, una misma carta constitucional que les otorgara la titulación de Norteamérica frente al mundo entero, sin quebrantar los derechos adquiridos por cada una de las colonias reinantes.

Una vez la organización federal mostró resultados en Estados Unidos en materia de estabilidad política y eficiencia administrativa, influenció la teoría y praxis política de varios estados iberoamericanos y europeos. Así, después de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de factores disímiles, en parte por necesidades reales y, en otros casos, por simple imitación, fundamentó la adopción de este modelo en una buena parte del mundo occidental,
[7] como ocurriría en Alemania, Austria y Bélgica.


1.2.2. LA SOBERANÍA EN EL ESTADO FEDERAL

Históricamente, el estado federal intentó compaginar dos grandes principios: el de la unidad territorial con el principio de la soberanía, del cual estaban revestidos sus comunidades internas. Para la unidad territorial, el estado federal es un sujeto de derecho internacional, lo cual se expresa en la facultad que le asiste para proteger sus fronteras, declarar la guerra, comerciar y negociar con otros estados. Así mismo, gracias a la soberanía interna, las comunidades federadas tienen una libertad amplia de gestión de los propios asuntos, “(…) que en el ámbito político dará a una comunidad política [miembro o estado] miembro su carácter estatal (…)”.
[8] Bien podríamos denominar esta fuerza cohesionante como soberanía externa, para diferenciarle de la soberanía interna de las comunidades integrantes de los estados federados a la cual muchos autores han apuntado en denominar autonomía, pero que bajo un contexto comparativo con el modelo regional debe afincarse en la noción de soberanía por sobre la idea de autonomía, toda vez que los entes federados tienen un poder originario de tipo constitucional, distinto a lo que ocurre en las entidades autonómicas de corte regional en donde el poder legislativo proviene de un orden jurídico mayor, único y excluyente.

Adicionalmente, y como consecuencia de ambos principios, los entes jurídicos pertenecientes a las federaciones pueden, por medio de sus representantes, participar en los órganos estatales para tomar decisiones que afectan a todas los estados-miembros en su conjunto.

Este engranaje permite conciliar la antinomia soberanía externa-soberanía interna, convivencia civilizada que daría al traste, sino existiese una definición constitucional clara y expresa de las competencias propias de cada ámbito de gobierno; es decir, de las esferas del gobierno federal y de los estados federados, de poder político y administrativo.

Por eso, todas las constituciones federales contienen por lo menos un catálogo de criterios de repartición de competencias para prevenir y resolver los eventuales conflictos sobre tales materias.

Además de estos criterios fundamentales, las constituciones federales imponen una serie de limitaciones a los estados-miembros con el objeto de garantizar un orden jurídico, político y moral que promulgue por la salvaguardia de la unidad territorial de la unión; de lo contrario, se corre el riesgo de una posible desnaturalización del estado, al adquirir matices de confederación a causa de ínfulas separatistas que pueden surgir en ciertos estados-miembros o sectores sociales y políticos representativos.

Desde el punto de vista jurídico la soberanía de los estados-miembros se deriva del ordenamiento constitucional que le da nacimiento. De ahí que la principal característica de un estado federal sea la pluralidad de ordenamientos constitucionales subordinados a una carta política superior.

Alexandre Marc, en concordancia con estos presupuestos, describe la sociedad federal como aquélla en la que las colectividades

(…) se dan así mismas su estatuto y su organización, deciden libremente sus asuntos, se dotan de órganos y disponen [directamente o por medio de distribución equitativa] de los recursos propios necesarios para la ejecución de sus decisiones. Éstas no están sometidas a ninguna tutela o autorización previa: solamente están sometidas al control del órgano jurisdiccional de conformidad a la constitución y a la ley federal.
[9]

Este autor nos entrega un ingrediente adicional dentro de las líneas ideológicas que configuran el federalismo, la libertad de las colectividades territoriales y grupos sociales que emergen en los estados federales. En estos términos, libertad se traduce en soberanía más no en autonomía, como erróneamente se sostiene, por cuanto en los estados federales existe una pluralidad de soberanías que se concreta en constituciones propias para cada estado-miembro. Luego, en estos últimos existen entidades que gozan de autonomía en consonancia con el poder soberano que brota de ellos.

Precisamente, debido a la complejidad con que se presenta el tratamiento teórico del estado federal, en la doctrina internacional existe una serie de teorías sobre su naturaleza jurídico-política que va desde aquélla que plantea una cosoberanía entre el estado federal –como unidad– y los estados miembros –como partes integrantes del todo– hasta los que niegan su existencia como realidad jurídica.
[10]

La doctrina nacional opta por la primera tesis bajo el entendido que los estados miembros ceden parte de su soberanía al estado federal a diferencia de lo que sucedería en el caso de los estados regionales, donde el ejecutivo cede, traslada, transfiere o comparte ciertas funciones políticas y administrativas con las regiones para que estas últimas las puedan ejercer de manera autónoma, mas no soberana.
[11] Bajo estos supuestos, el proceso de federalización de un estado consiste en una fragmentación de la soberanía, mientras que la regionalización es una forma de expresión del estado unitario descentralizado.

Sin embargo, en el nuevo contexto mundial el concepto de región lleva a concluir que el proceso de regionalización surge como consecuencia de la crisis de la soberanía de los estados-nación y no producto de la evolución natural de los procesos de descentralización administrativa y territorial de los países que mantienen instaurado el estado unitario.
[1] Al respecto véase: Hamilton, Madison y Jay, El federalista (1787), Fondo de Cultura Económica, México, 1957, apartado I, VI y ss.
[2] Ibíd.
[3] Fernández B., Miguel, El Estado unitario, 2.a ed., Editorial Tecnos, Valencia, 1986, p. 80.
[4] Charry U., Juan Manuel, La constitución como norma jurídica, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 1990, p. 12.
[5] Alexandre Marc sostiene que es equivocado considerar que el nacimiento del federalismo se remonta a la Carta Política americana. A su juicio, la historia del federalismo se confunde con la historia de la emergencia humana o combate entre las tendencias opresivas y las tendencias emancipadoras. Marc, Alexandre, El porvenir de Europa y otros ensayos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, pp. 181 y ss.
[6] Fernández B., op. cit., p. 78.
[7] Ibíd., pp. 79 y ss.
[8] Ibíd., p. 86.
[9] Alexander Marc, en: Fernández B., op. cit., p. 289.
[10] Sobre la naturaleza jurídica del Estado federal véase Fernández B., op. cit., p. 94 y ss. Al respecto, el autor agrupó las diferentes doctrinas sobre la materia en las siguientes categorías: a) Teoría de la doble soberanía (o cosoberanía); b) teoría que niega la realidad jurídica del Estado federal (asimilación a Confederación); c) teoría que afirma como único Estado el Estado federal; d) teoría que afirma que la Federación es el único Estado soberano, pero que no niega a los miembros el carácter de Estado; e) teoría del tercer término y, por último, f) teoría que concibe al Estado federal como forma avanzada de descentralización.
[11] Al respecto véase Castro, La cuestión regional, op. cit., pp. 90 y ss. Vidal, La región como organización territorial, op. cit., pp. 73 y ss.

EL ESTADO UNITARIO

1.1. EL ESTADO UNITARIO

Este modelo de organización territorial opera fielmente a los postulados predicados en su propia definición. Es decir, es unitario, lo que significa que responde a la definición otorgada por el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, a esta voz:

Unitario, ria. (Del lat. unĭtas, unidad.) adj. Perteneciente o relativo a la unidad.
Unidad. (Del lat. unĭtas, –ātis.) f. Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere.

Este modelo de organización territorial se caracteriza porque sus partes constitutivas están unidas y su arquitectura jurídica tiende a mantener esa unidad so pretexto de que la división altera la estabilidad.


1.1.1. GÉNESIS DEL ESTADO UNITARIO


El nacimiento del Estado unitario coincide de forma sincrónica con la génesis de la soberanía estatal de corte nacionalista (Estado nación); proceso que se inicia al fin del medioevo, empalmando con la época del renacimiento, producto de la necesidad de superar la dispersión y fraccionamiento del poder en todas sus dimensiones. La manera de emprender esta tarea, consistía en la centralización del poder, la unificación y delimitación del territorio ancestral y la exacerbación de los valores comunes que ligaban a sus habitantes.

En ese orden de ideas resulta válido afirmar que el estado unitario se remonta a su concepción primigenia; es decir, al estado-nación. En los términos del profesor Vidal Perdomo, esto significa que ante la existencia de un Estado solo se puede predicar la configuración de una sola soberanía, en la forma de una república unitaria.
[1]

Para Trujillo Muñoz, el estado nacional “(...) surgió como unitario sencillamente porque fue producto del absolutismo regio”.
[2] Posteriormente, el liberalismo burgués lo adoptaría para imponer desde arriba, los postulados de la revolución francesa; en uno y otro caso, centralizando las decisiones políticas.[3]

Algunos autores consideran que el nacimiento del Estado-nación es producto de una alianza estratégica entre la monarquía y la burguesía – en tanto clases dominantes – en su afán, los unos, por mantener el poder, y los otros, por acceder a él
[4].

Para otros, hay un origen tripartito:

“(...) un origen dinástico, al que corresponderían, por ejemplo España, Francia o Inglaterra; un origen ideológico, ya que a partir de la Revolución Francesa los factores religiosos, económicos y políticos harán patente su influencia. Y, por último, un origen administrativo político”
[5].

Lo cierto es que Estado, nación, unitario y centralización delinearon una cuadratura, que le permitió al mundo avanzar hacia la construcción de un orden mundial sustentado en normas jurídicas de validez universal, en vez del rudimentario uso caprichoso de la fuerza. De esta suerte comenzó ha configurarse un mapa geopolítico menos inestable, más cierto, no obstante y muy a pesar de las profundas alteraciones sufridas a los largo de estos tres siglos; situaciones que reafirman la necesidad de consolidar las reglas de juego que rigen a los Estados, con el fin de salvaguardar el respeto, la reciprocidad y la convivencia pacífica entre los pueblos de todo el orbe.

El Estado de principios de la modernidad se fundó mediante fuerzas ordenadas de arriba hacia abajo, en donde la periferia, constituía piezas menores de un engranaje muy complejo y pesado. En su momento dicha solución resultó adecuada para definir el horizonte de las naciones. Pero hoy, es una fórmula que desconoce las dinámicas del nuevo orden mundial.

Ya a nivel nacional, la doctrina más calificada, ubica el nacimiento del Estado unitario, a partir de la constitución de 1886, que en su artículo 1° definió al Estado colombiano como una república unitaria.
[6]

Los pilares que sustentaron el Estado unitario adoptado en la carta política del 86, son el resultado de la herencia histórica proveniente de Europa occidental; y aún hoy día, siguen vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, a pesar de las grandes transformaciones implantadas con la constitución de 1991, que en materia territorial siguió anclada al modelo unitario de vieja data.



1.1.2. EL PRINCIPIO DE CENTRALIZACIÓN POLÍTICA COMO FUNDAMENTO DEL ESTADO UNITARIO

Para Odilon Barrot, ex premier ministro Francés, contrarrevolucionario y antiguo jefe de la oposición dinástica “La cuestión de la centralización es tan antigua como la sociedad humana, porque ha nacido de ella”.
[7]


El fundamento del estado unitario es el principio de centralización política que en términos de la jurisprudencia nacional se traduce en “(...) una jerarquía constitucional reconocida dentro de la organización jurídica del Estado”.
[8] Esta jerarquía se expresa respecto de los diferentes órganos centrales que representan los distintos poderes públicos, atendiendo el siguiente correlato:

1. En cuanto al poder público ejecutivo: se traduce en unidad de mando supremo en cabeza del Gobierno nacional;
2. en cuanto al poder público legislativo: se traduce en una unidad de mando supremo por parte del Congreso nacional sobre todos los ramos de la legislación;
3. en cuanto al poder público jurisdiccional: se traduce igualmente en unidad de mando de las altas cortes sobre todas las distintas instancias.

La Corte sintetiza esta caracterización generalizando el principio de centralización política como “(...) unidad en las decisiones de carácter político que tienen vigencia para todo el espacio geográfico nacional”.
[9]

Así mismo ha sostenido

1.1.3. TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL

El nivel de concentración que adopte la unidad en los modelos de estado unitario depende de cómo los distintos entes del estado tomen las decisiones para el cumplimiento de sus fines. No está de más recordar que toda la actividad del estado se ejerce por medio de actos de distinta naturaleza que en últimas se traducen en decisiones políticas. Existen variados mecanismos tendientes a legitimar la toma de decisiones, entre ellos, la descentralización y desconcentración administrativa, pilares fundamentales del estado unitario. Ambos mecanismos han sido in extenso abordados conceptualmente por la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional; por eso, haremos una breve alusión a sus estructuras más relevantes para ilustrar nuestro argumento principal, según el cual dichos mecanismos en su máxima expresión no asumen la forma de un estado federal o regional, sino que ante imperantes necesidades específicas y propias de cada sociedad se tornan inoperantes, ya que la realidad los desborda, dando paso a otros modelos de organización territorial.

A medida que en el estado unitario la función pública se vuelve más compleja por el constante conflicto entre los distintos ordenes territoriales, políticos y administrativos en materias de competencias, funciones y toma de decisiones, se inicia un proceso de desconcentración que se lleva a cabo mediante los órganos del poder central, de mayor a menor jerarquía, repartiendo tareas con el objeto de descongestionar el quehacer de la actividad estatal. Pero aún esta acción resulta insuficiente, por cuanto existen ciertas funciones y servicios que por su carácter especializado requieren de un manejo más democrático, en cuanto a que no sólo involucran intereses nacionales, sino igualmente –y de manera predominante– sectoriales, regionales y/o locales. A este fenómeno se adiciona una circunstancia mucho más complicada que surge como consecuencia de la incesante evolución del ordenamiento territorial, el cual modifica las jerarquías de poder en las regiones y subregiones, generando acuciosas pretensiones microestatales, las cuales no pueden ser satisfechas de manera plena por los órganos de poder central. Combinados todos estos factores, el estado unitario centralista entra en crisis y se ve avocado a transferir funciones y competencias, por mandato constitucional y legal, a organismos o entes con menor o mayor grado de independencia para que resuelvan de manera legítima sus propios asuntos.
[10]

Hemos descrito lo que se conoce como descentralización administrativa para observar la evolución natural de todo estado unitario. Pero, quisiéramos también resaltar cómo la descentralización se desarrolla en dos grandes esferas, a saber: 1. la esfera política; 2. la esfera administrativa.

La primera transfiere a los ciudadanos la toma de decisiones –antiguamente para procurar la elección de sus representantes ante las corporaciones de elección popular de orden nacional y territorial (democracia representativa)–, hoy día, además, para poner en funcionamiento la democracia participativa.

La segunda se expresa en dos sentidos: territorial, por medio de entes que gozan de prerrogativas administrativas para cumplir los fines del estado en una jurisdicción geográficamente delimitada, y por servicios, para atender y satisfacer de manera especializada y autónoma necesidades propias de las jurisdicciones regionales y locales.

Entonces, dependiendo del grado de autonomía y de la rigidez del control de tutela, así mismo es el grado de intromisión del poder central sobre los poderes regionales. Entre mayor es la intromisión, menor es la descentralización. Así operan los estados unitarios modernos, desconcentrando y descentralizando funciones y competencias; de ahí que sea apenas metafórico hablar de centralización, ya que tal término es un instrumento discursivo para presionar la adopción de prácticas y mecanismos que profundicen la descentralización. Por esta razón, centralismo-descentralismo son extremos de un mismo continuo, incomprensibles el uno sin el otro.
[11]

[1] Vidal Perdomo, Jaime, Derecho administrativo, décima edición actualizada, Editorial Temis, Bogotá D.C., 1994, p. 30.
[2] Ibíd., p. 87.
[3] Ibíd., p. 50.
[4] Al respecto véase: Français, Ariel, El crepúsculo del Estado-Nación, una interpretación histórica en el contexto de la globalización, [en línea], Gestión de las Transformaciones Sociales MOST, 2000, [citado 01-12-2005], Documentos de debate, (Núm. 47), Formato htm, Disponible en Internet: http://www.unesco.org/most/francais.htm#autor.
[5] Azcúnaga Galán, María José, ¿Del Estado Integral al Estado Federal?: una solución política al problema de España como Nación, Universidad Complutense de Madrid, España, 2005. p 20.
[6] Sánchez Torres, Carlos Ariel, El concepto constitucional de autonomía fiscal y sus alcances legales y jurisprudenciales en Colombia, a partir de la Constitución política de Colombia de 1991, Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, Estudios socio-jurídicos, Bogotá D.C., enero-junio 2003, p. 175. En el mismo sentido, Vidal Perdomo, Ibíd., p. 29 y ss.
[7] Barrot, Odilon, De la centralización y de sus efectos, serie 1ª. Ciencias Morales y Políticas, Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, Madrid, 1869, p. 3.
[8] República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-216 de 1994, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[9] República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-497A de 1994, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[10] Gustavo Penagos enumera las siguientes características de los entes descentralizados: 1. Personería jurídica; 2. patrimonio propio; 3. autonomía administrativa; 4. destinados a satisfacer necesidades que el Estado central no puede realizar; 5. control de tutela. Penagos, Gustavo, La descentralización en el Estado unitario, Editorial ABC, Bogotá, 1997, p. 101.
[11] República de Colombia, Ministerio del Interior, ESAP, Encuentro nacional. La planeación del desarrollo territorial: nuevas perspectivas, Ministerio del Interior-ESAP, Bogotá, 1998, p. 44.

Sunday, September 03, 2006

EL ESTADO REGIONAL EN EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

2. EL ESTADO REGIONAL EN EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

2.1. LAS CRISIS DE LA POSMODERNIDAD

Debemos recordar que la modernidad diseñó un mundo bajo el humanismo, el estado-nación, la ciencia política, la física de Newton, el capitalismo, la técnica, el ciudadano y los conceptos de lo público y lo privado. Pero la posmodernidad o la segunda modernidad –como la denomina Ulrich Beck– está en proceso de redefinir cada uno de estos elementos y principios para reconstruir al mundo, la historia y la concepción del hombre y sus valores.


2.1.1. CRISIS DEL ESCENARIO POLÍTICO

La política, como ciencia de la administración del poder y del estado diseñada por Maquiavelo, Espinosa y Max Weber, ha sido agotada y consumida en la última etapa del estado de bienestar, desbordada por el paradigma neoliberal, las nuevas exigencias sociales, la atomización de las sociedades y el desmonte de lo público como concepto y realidad.

Puede afirmarse que el pensamiento político contemporáneo no se nutre de las ideologías, de la Ciencia Política, de la Filosofía Política y de la Sociología. Por el contrario, la Economía, como ciencia y como estructura técnica, determina la dirección y la orientación de la idea política y de esta manera las acciones de gobierno como los postulados partidistas; tanto así que en ella misma se encuentra el nuevo postulado antológico del quehacer político, hoy llamado New Public Management.
[1]

Al respecto, socialistas como Felipe González
[2] afirman que ante la actual globalización y la crisis de la democracia, las organizaciones sociales (como las ONG) desbordaron a los partidos políticos como referentes de opinión y constructores de alternativas. Por tanto, los partidos han entrado en una etapa de no legitimidad social, por carecer de alternativas y soluciones a las nuevas exigencias de la sociedad; fenómeno que los ha llevado a una crisis de legitimidad que los obliga a replantear sus estructuras y desarrollos teóricos hacia nuevas fuentes y liderazgos que logren construir alternativas a los retos actuales de la globalización. Así, el nuevo quehacer de la política y su pensamiento se ha orientado hacia la real posibilidad de construir nuevos marcos teóricos alternativos al neoliberalismo en contraposición al desarrollo de diagnósticos a las crisis o al planteamiento de simple activismo contra la globalización.

Dichos planteamientos están obligados a la reinvención de la política en tanto una nueva estructura de manejo del poder y de la administración del nuevo estado, de las nuevas sociedades y de los nuevos actores internacionales o de las nuevas personas morales del derecho internacional público, como las ONG, las multinacionales, los bloques económicos y políticos, los órganos multilaterales y los tribunales internacionales. Órganos en los que se concentra y desde los que se ejerce la nueva soberanía, como la capacidad de determinar las materias de las cuales se ocupan sin ningún límite específico.

Para comprender a plenitud el fenómeno que debemos enfrentar, es necesario recordar que hace 30 años el Neoliberalismo entendió y respondió al nuevo problema mediante pensadores del nivel de Freshman, Hayek, Karl Popper y otros de la escuela neoliberal, quienes desarrollaron un nuevo concepto político sustentado en los desarrollos económicos y las leyes del mercado bajo la lupa del liberalismo político, la filosofía estoica y la relectura del marxismo en su parte de la súper estructura económica y los flujos de capital.

La escuela neoliberal entendió el desarrollo del capitalismo y sus próximos desenlaces, para lo cual construyó las estructuras teóricas y técnicas necesarias que permitieran aprovechar lo mejor del fenómeno y así desarrollar modelos de producción y de mercado que maximizaran los beneficios hacia la libre empresa y la iniciativa privada, convirtiendo estos postulados en los nuevos motores del desarrollo de las sociedades y en el nuevo escenario desde el cual se daría el debate de lo público, haciendo de la economía y su versión tecnócrata la nueva presentación de la política.

30 años más tarde se impuso la lógica y la interpretación del mundo desarrollada en la primera revolución neoconservadora, definiendo hoy las líneas económicas y, por ende, las decisiones técnicas y políticas de los estados y de los órganos multilaterales. Estamos presenciando la segunda ola neoconservadora con su teoría de seguridad y lucha antiterrorista.

Por el contrario, países que como Alemania y Francia, que tomaron parcialmente el modelo en lo necesario, defendiendo una posición de mercado controlada y proteccionista frente a los servicios públicos estatales y la seguridad social –en cobertura total– para no dejar atrás su tradición socialdemócrata y republicana comprometidas con el bienestar, la protección de la sociedad y del individuo en todos sus niveles, fundando los modelos de los estados de bienestar,
[3] entraron en la última década de los años noventa en una grave desaceleración de sus economías, desindustrialización, deslocalización, bajos niveles de inversión privada y déficit fiscal; todo esto vino acompañado para Alemania con el precio de la reunificación y de las cargas de la Unión Europea en subvenciones para la estabilidad económica del proyecto comunitario.

Tal fenómeno ha obligado a los países a replantear la estructura del estado, tomando grandes decisiones en privatización, desmonte de las subvenciones sociales, reducción de los salarios, flexibilidad laboral, disminución de las garantías en salud y otras reformas que en esencia desmontan el estado de bienestar construido por ellos.

Sin embargo, hay que anotar y resaltar que dichas decisiones fueron y son tomadas por los gobiernos social-demócratas, en Alemania por el gobierno Schroder y en Francia por el gobierno Jospin –cuando fue primer ministro–, como necesidades técnicas y de seguridad macroeconómica. De igual manera sucedió en Inglaterra con el laborismo; en Chile con el gobierno socialista de Lagos; en Brasil con Lula a la cabeza y el fenómeno chino que luego de la revolución cultural de Mao, hoy desarrolla la nueva revolución hacia el más abierto y salvaje capitalismo.

Igualmente, no podemos dejar de lado el marco y el espíritu de la Constitución Europea, ya aprobada por los gobiernos comunitarios,
[4] en la cual es clara la defensa y garantía del mercado, la iniciativa privada y la redefinición de las competencias del estado a funciones de mera coordinación y garantismo. De igual forma, tampoco podemos dejar de presentar el apoyo y victoria del ala de derecha del Partido Socialista francés a favor de la constitución, contra el ala de izquierda, en su consulta interna, donde por amplia mayoría popular se impuso la visión de una Europa abierta y de mercado.[5] Así mismo, no podemos dejar de resaltar las discusiones entorno a la directiva comunitaria Bolkestein, donde se redefinen los servicios, y menos aún la rediscusión de Francia y Alemania en la Unión Europea para poder aumentar su cupo de déficit fiscal con el objetivo de superar sus bajos niveles de crecimiento.

Entonces, bajo esta realidad, se hace evidente e incontrovertible que el escenario ideológico de la izquierda política es complejo y extremadamente confuso, y el de la política tan profundamente contradictorio como homogenizante, ya que las fronteras ideológicas se borran y la política deviene más que en un postulado de sociedad a construir, en decisiones técnicas tomadas y ejecutadas para garantizar y defender los nuevos principios de competitividad, baja inflación, bajo déficit fiscal, libre concurrencia al mercado para oferentes y consumidores, garantía de seguridad y arbitramento de la prestación y cobertura de los servicios públicos. En consecuencia, el modelo de izquierda perece como alternativa reivindicadora y emancipadora del hombre desde el estado social de derecho y con ella la política como el escenario del debate de las alternativas y del ejercicio de la ciudadanía desde lo público.



2.1.2. LA CRISIS DEL ESTADO-NACIÓN

Surge una nueva dinámica donde la región como parte del estado-nación ya no es un concepto que obedece a un tipo definido de dinámica nacional de reorganización del territorio para la planeación de la inversión y el desarrollo –como lo fue–, sino que ella responde a un nuevo proceso global de evolución del concepto de la soberanía y, por ende, de superación del estado-nación.
[6]

Así, todos los elementos del proyecto territorial contemporáneo se ven directamente influidos por las necesidades de rentabilidad del capital trasnacional, que mediante los nuevos órganos de administración y poder global, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, definen las reformas de las estructuras administrativas y legislativas de los estados, como también los parámetros constitucionales de los mismo, bajo el ideario liberal universalista de las libertades públicas y la división de los poderes públicos. Pero todo aquello está condicionado por un modelo de desarrollo universalista de producción y alta rentabilidad del capital que asistido por los graves problemas fiscales y macroeconómicos –de las economías nacionales– determinan que los gobiernos se vean avocados a aplicar los nuevos condicionamientos globales sin mayores reparos.

De esta manera, tras el derrumbe de las economías de planificación y el intervensionismo estatal que percibían el desarrollo como responsabilidad directa del estado, acompañado del surgimiento de la revolución tecnológica que aceleró los procesos de comunicación y de intercambio bajando los costos de transacción y demoliendo las fronteras de la información, asistimos a la irreversible e irresistible globalización de los intercambios económicos, culturales y estatales cuyo resultado es el surgimiento de un nuevo orden, una nueva lógica y estructura de mando de la administración mundial, una redefinición de la soberanía o una nueva soberanía que trasforma ampliamente la construida por la Modernidad en cabeza de Bodino, Hobbes, Lock, Rosseau, y perfeccionada por Hegel, llamada estado-nación,
[7] el cual reflejaba su poder mediante el ejercicio de la soberanía que se materializaba en el poder de policía –la fuerza legítima para la limitación de las libertades civiles, buscando garantizar su concepto de orden público– y que tenia la capacidad de nacionalizar el capital, controlar su circulación y adaptarlo a un modelo de desarrollo propio.

Entonces, el estado-nación en medio de la globalización y la homogenización de los modelos económicos y políticos está en proceso de constituirse en un referente histórico por las fuerzas de la globalización, la nueva cultura del mercado y las nuevas responsabilidades estatales. Lo anterior está acompañado de la reivindicación cultural e histórica de las entidades locales, las cuales pretenden desarrollar nuevas formas de gobierno y de desarrollo, desbordando la concepción de la descentralización o del federalismo del estado-nación moderno;
[8] ya que ellas rompen el concepto moderno de la soberanía al plantear la transición del estado-nación hacia el estado-región[9] en el cual la soberanía, entendida como el poder de fijar él mismo sus competencias, se parcela y se concentra en nuevas entidades locales.

Al respecto, podemos argumentar diciendo que la transformación de la geografía política moderna imperante ha modificado aún más la división espacial de los mundos, donde el mundo a escala global parece enfrentar una nueva organización, definida por nuevos y complejos regímenes de diferenciación y homogenización, desterritorialización y reterritorialización del mismo, y donde las fronteras entre primer y tercer mundo cada día son mas difusas; puesto que el desarrollo ya no se concentra en una política nacional, sino en sus dos niveles a escala intra-nacional o supra-nacional.

El mejor ejemplo de lo anterior lo constituye el proceso de la Unión Europea, en el cual el desarrollo y la nueva administración pública se define en los niveles regionales o federales de los países o en el nivel comunitario mediante el Tribunal de Justicia Europeo, el Consejo Europeo y el Parlamento, y donde las competencias entre los niveles están reglamentas bajo el principio de la subsidiariedad, pudiendo vislumbrarse un mundo sin fronteras nacionales, tal vez regionales o supranacionales, y donde el poder se ve distribuido en redes amplias que permiten una mayor movilidad del capital. Así lo anotan Michael Hardt y Toni Negri en su obra El Imperio, donde esa nueva forma de producción y riqueza se denomina producción biopolítica,
[10] la cual no es más que la producción de la misma vida social, y donde lo económico, lo político y lo cultural se superponen e infiltran crecientemente entre sí.

Pero, para que ello suceda, se exige un espacio geográfico definido que contenga esos elementos. Esto no es más que la región como entidad económica, política y cultural.


2.1.3. CRISIS DE LA SOBERANÍA NACIONAL


La región, concebida bajo estos nuevos paradigmas, redefine el concepto de la soberanía clásica, haciendo de ella un poder de policía global desde el cual se construye un concepto de orden público internacional en el que se universalizan las faltas a la “autoridad”, en contradicción a un criterio nacional, donde la falta se inscribe en un límite territorial.

Por una parte, la nueva soberanía se parcela y se amplía a la vez de acuerdo con las necesidades del objeto definido, ya no de proteger un poder nacional, apelando a la autonomía de los estados –puesto que para ello se crea una policía global–, sino de garantizar que los nuevos valores imperiales de la democracia, los derechos humanos y los mercados abiertos no sean trastornados por fuerzas renovadoras.

Por otra parte, la región emerge en medio de los grandes bloques económicos y políticos –como la Unión Europea– como la entidad que ostentará el nuevo concepto de soberanía; el cual lleva al estado-nación a su natural extinción histórica y al estado-región a un proceso de construcción, aun desde la propia nación, como posibilidad de superación de las crisis fiscales, los bajos niveles de desarrollo y la escasa satisfacción de las necesidades colectivas
[11] por parte de la entidad estatal.

Es en la posibilidad real de satisfacer nuevas necesidades colectivas creadas por el sistema de libre comercio y liberalización de los servicios donde surge la crisis del estado de bienestar keynesiano y de la soberanía, puesto que él carece de la posibilidad de responder al modelo de desarrollo imperante en el mundo, donde el estado-nación se fractura en medio de las obligaciones de responder a los postulados de cobertura y prestación de los servicios públicos y de garantizar la seguridad social; ya que el neoliberalismo, bajo su teoría de desregularización del mercado y reducción del estado al mínimo, le ha quitado e éste la posibilidad o el margen de maniobra que le permitía generar respuestas inmediatas a las necesidades, y de cumplir funciones redistributivas de la riqueza y el desarrollo. Esto, en razón a que la economía globalizada hace de la inversión del capital transnacional el nuevo factor de riqueza de las naciones, en contravía al solo desarrollo industrial del mercado interno, exigiéndose que cada nación desarrolle los mejores indicadores de inversión y las mejores garantías para que el capital se radique en un territorio.

Al respecto, Anthony Giddens manifiesta:

Los problemas del estado de bienestar suelen examinarse en términos fiscales, y así se presentan a efectos electorales (…) Las cosas parecen muy distintas si tenemos en cuenta las dificultades del estado de bienestar como resultado de un movimiento desde la incertidumbre externa hacia la fabricada. La cuestión no consiste tanto en el incremento de los costes y la incapacidad de hacerles frente como en la organización de los recursos de formas que son cada vez más inapropiados para los problemas que pretenden resolver. Los sistemas de bienestar destinados afines emancipadores acaban por sufrir presiones o se hacen ineficaces en los lugares donde los problemas de política vital adquieren cada vez más importancia y precisan programas de política generativa para abordarlos. (…) Pero el carácter imponderable de la incertidumbre fabricada significa que dichas medidas no pueden siempre, ni siquiera de forma habitual, implantarse sencillamente desde arriba.
[12]

Así, la crisis del modelo keynesiano es la crisis del estado-nación, en la medida en que él se ve incapacitado para responder a las crecientes demandas vitales que exigen sus comunidades, tomando la microeconomía y la iniciativa privada el papel de generadores de políticas públicas a gran escala y fuente de prestación de los servicios públicos.

Así mismo, el estado-región se plantea como una alternativa para responder a estas nuevas necesidades de una manera eficiente, directa y democrática, en razón a que el modelo de libre mercado considera necesario parcelar de forma real la soberanía, creando unidades económicas autónomas que asuman la responsabilidad directa de la satisfacción de dichas necesidades, pero descentralizadamente y, en especial, con un amplio nivel de participación del sector privado para hacer de la gestión tanto un buen negocio como un medio idóneo de satisfacción de necesidades.

De todo lo anterior puede suponerse:

§ El surgimiento de un nuevo paradigma que consiste en la desaparición de las soberanías nacionales a cambio de la aparición de una gran soberanía global que se expresa en la Corte Penal Internacional de Justicia, las grandes entidades financieras internacionales, los órganos políticos internacionales, las ONG, los bloques económicos, los partidos políticos internacionales y las transnacionales.
§ El estado-región se configura como el mínimo reducto cultural de identificación del individuo; por tanto, en el futuro se hablará del ciudadano global y regional en reemplazo del ciudadano nacional.
§ Las regiones no se reconocerán por su soberanía, sino por el biopoder.
[1] Chevallier, Jecques. L`Etat Postmodern.

[2] González, Felipe, Palabras en el Festival Mundial de IUSY, Grecia, 2003.

[3] “Los problemas del estado de bienestar suelen examinarse en términos fiscales, y así se presentan a efectos electorales (…). Las cosas parecen muy distintas si tenemos en cuenta las dificultades del estado de bienestar como resultado de un movimiento desde la incertidumbre externa hacia la fabricada. La cuestión no consiste tanto en el incremento de los costes y la incapacidad de hacerles frente como en la organización de los recursos de formas que son cada vez más inapropiados para los problemas que pretenden resolver. Los sistemas de bienestar destinados afines (sic) emancipadores acaban por sufrir presiones o se hacen ineficaces en los lugares donde los problemas de política vital adquieren cada vez más importancia y precisan programas de política generativa para abordarlos. (…) Pero el carácter imponderable de la incertidumbre fabricada significa que dichas medidas no pueden siempre, ni siquiera de forma habitual, implantarse sencillamente desde arriba”. Giddens, Anthony, Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales, Cátedra, Madrid, 1994, p. 159.

[4] Constitución Europea, Título III - Políticas y acciones internas; Capítulo I - Mercado Interior; Sección 1 - Establecimiento y funcionamiento del mercado interior; Sección 2 - Libre circulación de personas y servicios, Subsección 1 - Trabajadores; Subsección 2 - Libertad de establecimiento, Subsección 3 - Libertad de prestación de servicios; Sección 3 - Libre circulación de mercancías, Subsección 1 - Unión aduanera; Subsección 2 - Cooperación aduanera; Subsección, 3 - Prohibición de las restricciones cuantitativas; Sección 4 - Capitales y pagos; Sección 5 - Normas sobre competencia; Subsección 1 - Normas aplicables a las empresas; Subsección 2 - Ayudas otorgadas por los estados miembros; Sección 6 - Disposiciones fiscales; Sección 7 - Disposiciones comunes. Capítulo II - Política económica y monetaria; Sección 1 - Política económica; Sección 2 - Política monetaria; Sección 3 - Disposiciones institucionales; Sección 4 - Disposiciones específicas para los estados miembros cuya moneda es el euro; Sección 5 - Disposiciones transitorias.

[5] “La France et l'Europe ont besoin de réformes libérales, de l'ouverture des marchés, de la confiance dans les libertés, l'économie et la concurrence. On ne peut se résigner à une croissance molle, on ne peut continuer à vivre à crédit en reportant la facture de notre déficit de réformes sur les générations futures. Comme l'a souligné le rapport Camdessus, nous avons besoin d'une thérapie de choc. Il nous faut une politique agressive de libération de l'économie qui, seule, nous permettra d'atteindre un niveau de croissance forte et même d'hypercroissance nécessaire pour nous sortir du piège de l'endettement public, du chômage persistant, et faire face sans drame au rendez-vous démographique”. Madelin, Alain, Debats et Opinions, Lefigaro.fr 1 avril 2005.
[6] Sobre la declinación de la soberanía de los estados-nación y la transformación de la soberanía en el sistema global contemporáneo, véase Saskia Sassen, Losing Control? Sovereignity in an age of globalization, Columbia University Press, New York, 1996.
[7] “La soberanía moderna es un concepto europeo en el sentido que se desarrolla principalmente en Europa en coordinación con la evolución de la misma modernidad (...) El pasaje fundamental es alcanzado por medio de un contrato -un contrato completamente implícito, previo a toda elección o acción social- que transfiere cada poder autónomo de la multitud a un poder soberano que se alza por -encima y la gobierna- Este aparato político trascendente se corresponde con las condiciones trascendentes, necesarias e ineludibles que la filosofía moderna colocó en el pináculo de su desarrollo, -en el esquematismo kantiano y la dialéctica hegeliana. De acuerdo con Hobbes, las voluntades aisladas de los diversos individuos convergen y son representadas en la voluntad del soberano trascendente. La soberanía es, así, definida tanto por -trascendencia como por representación, dos conceptos que la tradición humanista había considerado contradictorios. Por un lado, la trascendencia del soberano se funda no en un apoyo teológico externo, sino, solamente, en la lógica inmanente de las relaciones -humanas. Por otro lado, la representación que opera para legitimar este poder soberano también lo aliena completamente de la multitud de sujetos. Como Jean Bodin antes que -él, Hobbes reconoció que "el aspecto principal de la majestad de la soberanía y el poder absoluto consiste en otorgarles la ley a los sujetos, en general sin su consentimiento", pero Hobbes maniobró para combinar esta noción con un esquema contractual de, representación que legitimara al poder soberano a priori. Aquí ha nacido en su estado de pureza trascendental el concepto moderno de soberanía. El contrato de asociación es intrínsico e inseparable del contrato de subyugación. Esta teoría de la soberanía representa la primera solución política a la crisis de la modernidad. En su propio período histórico, la teoría de la soberanía de Hobbes fue funcional para el desarrollo del absolutismo monárquico, pero, de hecho, su esquema trascendental puede -aplicarse igualmente a variadas formas de gobierno: monarquía, oligarquía y democracia. A medida que emergió la burguesía, pareció no haber ninguna alternativa a -este esquema de poder. No fue casual, entonces, que el republicanismo democrático de Rousseau hiciera recordar al modelo de Hobbes. El contrato social de Rousseau garantiza que el acuerdo entre voluntades individuales es desarrollado y sublimado en la construcción de una voluntad general, y que la voluntad general procede de la alienación de las voluntades individuales bajo la soberanía del Estado. Como modelo de soberanía, el ‘absoluto republicano’ de Rousseau no es realmente diferente del ‘Dios en la tierra’ de Hobbes, el absoluto monárquico. ‘Adecuadamente entendido, todas estas cláusulas [del contrato] se reducen a una sola, nominalmente, la alienación total de cada asociado, con todos sus derechos, a toda la comunidad’. Las otras condiciones -prescriptas por Rousseau para la definición de poder soberano en sentido democrático y popular son totalmente irrelevantes ante el absolutismo de la fundación trascendente. Específicamente, la noción de Rousseau de la representación directa es distorsionada y -aplastada por la representación de la totalidad que está necesariamente unida a ella -y esto es perfectamente compatible con la noción de representación de Hobbes. Hobbes y Rousseau, en realidad, sólo repitieron la paradoja que Jean Bodin ya había definido conceptualmente en la segunda mitad del siglo dieciséis. La soberanía, estrictamente hablando, sólo existe en la monarquía, porque sólo uno puede ser soberano. Si fueran a gobernar dos, tres o muchos, no habría soberanía, pues la soberanía no puede estar sujeta al gobierno de otros. Pueden declararse formas políticas democráticas, plurales o populares, pero la soberanía moderna tiene realmente una sola figura política: un -poder trascendental único.
Hay, sin embargo, en la base de la teoría moderna de la soberanía, un elemento aún más importante- un tema que llena y sostiene la forma de la autoridad soberana. Este tema, está representado por el desarrollo capitalista y la afirmación que dice que es el mercado el fundamento de los valores de la reproducción social. Sin este tema, que está - siempre implícito, siempre trabajando desde el interior del aparato trascendental, la forma de soberanía no hubiera podido sobrevivir en la modernidad, y la modernidad europea no hubiera podido alcanzar una posición hegemónica a escala global, (…) el eurocentrismo se distinguió de otros etnocentrismos (tal como el sinocentrismo) y se elevó a una preeminencia global principalmente porque fue sostenido por las fuerzas del capital. La modernidad es inseparable del capitalismo. (...) En Hegel se realiza finalmente la síntesis de la teoría de la moderna soberanía y la teoría del valor producida por la economía política capitalista, tal como hay en su obra una realización perfecta de la conciencia de la unión de los aspectos absolutista y -republicanos- es decir, los aspectos de Hobbes y Rousseau -de la teoría de la soberanía moderna”. Hardt, Michael y Negri, Toni, Empire, Harvard University Press, Massachussets, Cambridge, 2001, pp. 45; 50.
[8] Si bien es cierto que el proceso de federalización fragmenta la soberanía del Estado-Nación esto no significa que fracture la teoría clásica de la Modernidad.
[9] Kenichi, Ohmae, “Del Estado Nación al Estado Región”, en: Revista Ciencia Política, núm. 32, 3.er trimestre, Tierra Firme, Bogotá, 1993, p. 13; 15.
[10] URL: www.furg.br-cibio-fronteirasbiopoder.htma
[11] Frente al tema de la extinción del Estado-Nación, Thomas Mann sostiene en su tesis política que aquél no se está extinguiendo, sólo se están redefiniendo sus funciones, que si bien van a ser más limitadas, va a continuar vigente en la historia como referente cultural con funciones de policía, sujeto de derecho internacional público y garantista de los acuerdos comerciales. Véase Mann, Thomas, “El estado nación”, en: Revista Análisis Político, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2001.
[12] Giddens, Anthony, Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales, Cátedra, Madrid, 1994, p. 159.

EL ESTADO AUTONOMICO O REGIONAL

1.3. EL ESTADO AUTONÓMICO O REGIONAL

Así como el estado unitario y el estado federal se sustentan en el concepto de nación,
[1] el estado autonómico –recientemente denominado regional– se articula con un hecho mucho más cercano a la realidad humana, conocido con el nombre de región.

Este tipo de estado se caracteriza por el reconocimiento de una real autonomía política constituida en beneficio de las entidades regionales y que se materializa en un poder normativo propio. Pero la diferencia con el modelo federal radica en que la estructura estatal del modelo de estado regional permanece unitaria, aun si ella persiste en ampliarse.



1.3.1. LA GÉNESIS Y DEFINICIÓN DEL ESTADO REGIONAL


El concepto regional ha estado siempre presente en el imaginario de las estructuras estatales –aun en las más incipientes–, puesto que parte de una realidad social, histórica, cultural y geográfica determinan el reconocimiento de una comunidad como tal y demanda autonomía en la consecución de un gobierno propio capaz de representar sus intereses más cercanos.

Pero sólo después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la reconstrucción de la nación italiana que buscaba superar el fascismo, se institucionaliza el estado regional en 1947, como reconocimiento a una larga historia de autonomías en ciudades y regiones-estado en la península italiana, constituyéndose como un modelo en donde la autonomía de la región frente al gobierno central es una condición necesaria para predicar la existencia de este último nivel
[2].


En la misma medida el estado regional se distancia del estado descentralizado en el sentido de que la descentralización territorial para el estado unitario se enmarca en una descentralización administrativa, mientras que en el estado regional la descentralización territorial es exclusivamente política.

Así, podemos decir que el estado regional se encuentra en medio de los extremos del estado unitario y del estado federal, puesto que la región goza de libertad y autonomía frente a sus problemas, pero no de soberanía para seccionar al estado y a la nación. En la misma medida, la regionalización política o el estado regional se caracteriza por la creación de colectividades territoriales dotadas de competencias exclusivas, garantizadas por la constitución y por un poder normativo materialmente legislativo.

Entonces, el modelo del estado regional se sitúa en una posición intermedia en la cual la estructura del estado unitario es mantenida, pero las colectividades regionales que lo componen disponen de una real autonomía normativa garantizada por la misma Constitución, al permitirle a las entidades regionales poseer un estatuto (expedido por ella o por el parlamento, pero con aprobación de la región) y la capacidad de expedir normas jurídicas que en el nivel regional están en el mismo nivel que la ley nacional y gozan, igual que la ley, de control de constitucionalidad por parte del órgano encargado del mismo.



1.3.2. LA DICOTOMÍA ENTRE AUTONOMÍA REGIONAL Y UNIDAD NACIONAL

La región, por ser un concepto antiguo, desde el punto de vista sociológico se afirma con unanimidad que ella es ante todo una realidad social que subyace en todas las sociedades desde que la civilización se integró en estados.

Según el tratadista José R. Dromí, la región se define como “un espacio territorial cuya población participa por su historia, costumbre, cultura e idiosincrasia en un destino común que propende a su integración y desarrollo”.
[3] Esta definición, que involucra varias áreas del conocimiento como la Geografía, la Sociología, la Historia, la Demografía, la Economía, entre otras, es muy cercana a su sentido literal, pero no aborda sus alcances jurídico-políticos. Veamos cómo la define la Real Academia Española:

Región. (Del latín regĭo, –ōnis.) f. Porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc. 2. Cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por características geográficas e histórico-sociales, y que puede dividirse a su vez en provincias, departamentos, etc.

Tenemos, entonces, que la definición aportada por Dromí examina el sentido literal del concepto, pero no lo describe y delimita. Sin embargo, la segunda definición de la Real Academia Española es mucho menos ambigua, por cuanto permite diferenciar el concepto de nación del concepto de región, por lo menos en función de género-especie. Esta distinción es muy importante, por cuanto atendiendo la definición de nación traída a colación en una referencia precedentemente citada, igualmente la región tiene su origen en un sentimiento de solidaridad entre personas de una agrupación humana que las hace vivir juntas. De ahí que podría presentarse una confusión entre ambos conceptos (nación y región), por cuanto comparten el mismo sustento sociológico. Para salvar esta disyuntiva, puede afirmarse que existen otros factores que los distinguen, entre ellos, que el primero (nación) se funda con el nacimiento del estado y el segundo (región) obtiene su reconocimiento formal de manera derivativa mediante un acto de reconocimiento constitucional y soberano del estado del cual hacen parte. Luego, podría concluirse erróneamente que uno de los conceptos es el género y otro la especie o parte constitutiva del segundo. Ambos conformarían un todo indivisible del que se predicaría una unidad ontológica y, por consiguiente, la unidad política-territorial del estado. Con este juego de palabras se podría explicar la convivencia de ambas entidades jurídicas en un mismo estado. Ciertamente, es el mismo conflicto que se presenta en los estados federativos. En estos últimos existen dos entes que gozan de prerrogativas muy similares, pero en ciertos aspectos el ente de mayor jerarquía subordina al otro y lo limita para el ejercicio de ciertas competencias y funciones, lo que permitió que algunos autores optaran por la solución a que hemos hecho alusión.

Entonces, tenemos que la región es un concepto interdisciplinario que involucra diferentes aspectos sociales, económicos, políticos, territoriales y filosóficos. Una vez el concepto se inserta en un estado adquiere connotaciones jurídicas que generan ciertas confusiones respecto de otras entidades que comparten el mismo fundamento ontológico. Sin embargo, tales divergencias son matizadas cuando hacemos una distinción preliminar, catalogando a la nación como el género y a la región como la especie de esta última. La misma lógica puede usarse para conciliar la coexistencia de ambas entidades en un mismo estado.



1.3.3. LA CLÁUSULA GENERAL DE COMPETENCIAS

La autonomía de las entidades regionales está protegida del poder central, bajo el reconocimiento constitucional –o de una ley del nivel orgánico– de sus competencias. En la misma medida, se considera que las leyes regionales son ante todo la expresión de una competencia legislativa especial, la cual no puede intervenir en las materias que le son expresamente atribuidas por la Constitución. Surge así el principio de la subsidiariedad como el único instrumento de resolución de los problemas de competencias entre el nivel central de gobierno y el nivel regional.

Tenemos, entonces, dos niveles legislativos de gobierno que poseen reconocimiento y nivel constitucional, por lo cual sólo pueden resolver sus conflictos en el marco de una cláusula general de competencias constituida en la estructura sobre la que se darán las relaciones entre los dos niveles de gobierno.

[1] El constitucionalista Vidal Perdomo, en su obra Derecho Constitucional general, refiriéndose a las condiciones de existencia del Estado y haciendo alusión a la comunidad nacional como uno de los elementos constitutivos del mismo, nos enseña que: “La existencia de grupos humanos, aún sobre territorios fijos, no es suficiente para plasmar el fenómeno estatal. De la unidad física no se pasa a la unidad política sino a través de una intensa prueba de cohesión entre las gentes. Es preciso que por razón de las relaciones entre sus miembros, el pasado común, los fines que se proponen, los sentimientos respecto de épocas, cosas y personas, la masa humana se transforme en nación.
(...)
Como bien lo dice Burdeau, la nación depende más del espíritu que de la carne. Ella tiene su origen en un sentimiento de solidaridad entre personas de una agrupación humana que las hace vivir juntas. Los elementos determinantes de esa voluntad son: la raza, la lengua, la religión, las tradiciones comunes. La resultante de todos estos vínculos de diversa procedencia es la nación, a la cual caracteriza una identidad de porvenir: sueño del porvenir compartido, como dice bellamente”. Pero la idea de nación no es entendible en su complejidad sino se mira al interior del orden de prioridades que le otorga el individuo a sus sentimientos societarios. Se traen a colación las palabras de Fernando Gómez Martínez, que al respecto afirma: “(...) en el orden de sentimientos se quiere primero la casa en que se vio la luz y en sucesión la ciudad nativa, la provincia a que esa ciudad pertenece y la patria que lo comprende todo”. Para explicar este último concepto termina diciendo: “el patriotismo [o nacionalismo] no es en últimas sino un regionalismo de más amplios términos”. Vidal Perdomo, Derecho Constitucional General, op. cit., p. 79.

[2] Algunos autores consideran que si bien la constitución Italiana de 1947 instauró el estado regional, solo sería a partir de la década de los setenta cuando se logró la regionalización del Estado italiano, producto de un proceso progresivo y paulatino. Al respecto véase: Iglesias Martín, Antonio, Autonomía municipal, descentralización política e integración europea de las entidades locales, Editorial Ariel, España, 2004. p 342.


[3] Dromí, José Roberto, Administración territorial y económica, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1983, pp. 155 y ss.

Saturday, September 02, 2006

SURGIMIENTO DE UN NUEVO ORDEN Y PARADIGMA DE ESTADO

SURGIMIENTO DE UN NUEVO ORDEN Y PARADIGMA DE ESTADO

La revolución científica, tecnológica, la glocalización y la globalización han cambiado el concepto de la región y su racionalidad, obligando ha repensarlo y ha regresar a sus fundamentos para capturar su nueva presentación.
[1] Como lo vimos, la globalización y la glocalización desdibujan el concepto de estado-nación, lo que obliga a debatir un nuevo planteamiento de organización administrativa que sea garante de la nueva soberanía. No es otra cosa que asistir al derrumbe de un paradigma y al surgimiento de uno nuevo.

Todo eso enmarcado en una serie de dinámicas globales que están generando un nuevo concepto todopoderoso al respecto, planteando un andamiaje de relaciones económicas, de interdependencia global y de redes de comunicación para buscar no sólo desarrollar unidades territoriales y geográficas, sino unidades económicas y de empresa que desarrollen el proyecto capitalista de producción y rentabilidad desde la racionalidad de las ventajas comparativas, el valor agregado y el capital humano en torno a un referente cultural, local y global para poder competir en el mercado mundial, intentando superar el planteamiento fordiano de la especialidad económica, la producción en serie y las economías de escala.

Así planteada, la región no busca prestar ciertos servicios públicos por descentralización o simplemente planificar inversión y gasto; por el contrario, se actualiza como un proyecto de producción y especulación económica que desde lo cultural e histórico busca crear capital universalizado.

La CEPAL nos presenta esta nueva cara del proyecto regional, bajo el nombre de Regionalismo abierto,[2] que plantea a los países la posibilidad de pertenecer simultáneamente a varios procesos y esquemas de integración en los procesos supranacionales de integración económica, como la Unión Europea, el NAFTA, el Mercosur, el Pacto Andino y el ALCA. Procesos nuevos para América Latina, que con sus bajos niveles de desarrollo busca afanosamente alternativas que le permitan superar su brecha social; que mediante el libre comercio de productos y servicios, sin restricción alguna, intenta construir un gran espacio de comercio y de circulación de bienes y servicios transnacional, entre regiones más que entre naciones, para alcanzar el desarrollo.

Sin embargo, para acceder a la tierra prometida del regionalismo abierto, los estados deben aplicar una serie de cambios en sus formas administrativas y asumir otra serie de prácticas de gobierno que les permita adaptarse ha dicho proceso. Y es allí donde se vislumbran las características y rasgos técnicos del nuevo regionalismo.

El primero de ellos es el fenómeno de la apertura con sus dos dimensiones, hacia fuera con la globalización, para atraer modernidad y tecnología, y hacia adentro con la descentralización para generar desarrollo y ventajas competitivas.

Al respecto, Sergio Bossier sostiene que “se descubre así el concepto de desarrollo regional endógeno, en un escenario caracterizado (…) en un doble proceso de apertura (…) externa empujada por la fuerzas de la globalización de la economía y una economía interna, hacia la cual la conduce la locomotora de la descentralización”.[3] Lo cual determina la desaparición del estado-nación por el proceso de apertura externa, que deslegitima su actividad clásica, transformándose en un ente extracto y virtual de mera regulación. Adentro se produce una profundización de la descentralización con el propósito de posicionar a la población en la equidad y en la participación. Así, se revalúa el paradigma del estado-nación y desde la región se fortalece un nuevo referente de institucionalidad social.

En este escenario de doble apertura y áreas de libre comercio nace el segundo rasgo del nuevo concepto, el cual es una nueva epistemología regional bajo un ignorado concepto que plantea escenarios alternativos para el desarrollo. Hoy, el tamaño geográfico no se constituye en un referente plenamente definido como ideal, sólo se exige que dicha unidad geográfica sea lo suficientemente competitiva tanto en infraestructura y tecnología como en conexidad cultural e histórica, puesto que la miniaturización, el aumento en la velocidad de las comunicaciones y la computarización superan las preocupaciones anteriores del proyecto regional; es decir, la distancia, la fricción del espacio y la continuidad.

Lo que hoy preocupa no es el tamaño de la región, sino su complejidad estructural, la cual debe determinar el territorio organizado de menor tamaño, capaz de presentar simultáneamente una elevada complejidad estructural, desdoblándose un proyecto regional desde las bases sociales y económicas para encontrar este mínimo de unidad económica y social que garantice su construcción.[4]

Igualmente, las preocupaciones actuales giran entorno a la flexibilidad, la elasticidad, la maleabilidad y la cultura[5] como requisitos indispensables de un proyecto regional, puesto que, como lo vimos en el contexto global, las necesidades del capital son la posibilidad de la rápida y fácil movilidad, las comunicaciones en red y el aumento de la velocidad. Ello constituye las ventajas competitivas de las regiones para atraer inversión y residenciarla, lo que se ve reflejado ya no en grandes territorios, sino en unidades auto sostenibles, y con grandes capacidades tecnológicas y culturales, que en medio de la homogenización que genera el mercado definen un punto de diferenciación y, por ende, de competitividad.

Estos tres factores los llamaremos el biopoder, como Michael Hardt y Toni Negri determinan a la nueva forma de poder que regula la vida social desde su interior, bajo la interpretación de la obra de Michel Foucault.

Así, bajo estos preceptos, la vida se ha vuelto un objeto de poder que mediante las tecnologías biopolíticas que integran lo político, lo económico y lo cultural, se ha desarrollado un disciplinamiento social de acuerdo con unas lógicas cerradas, geométricas y cuantitativas. Entonces, cuando el poder se vuelve enteramente biopolítico, todo el cuerpo social está vinculado a la máquina del poder y se desarrolla de acuerdo con ella.

En la sociedad, dicho poder se expresa de forma homogénea, respondiendo a los mismos estímulos, y de la misma manera, todos sus integrantes. El poder se adentra en lo más profundo de la sociedad y su cultura; su materialización e instrumentos pedagógicos son la tecnología de las comunicaciones, como la Internet y la robotización de las sociedades.[6]

Los nuevos elementos regionales deben articularse de tal forma que logren desarrollar dicho poder en sus sociedades; es ahí donde el capital mira de mejor manera la posibilidad de invertir y comercializar Y desde donde las regiones deben estructurarse ya no sólo como unidades económicas sino, además, como estructuras de control social que respondan de la manera más eficiente a las señales del capital y su inversión.

Consecuente con estos parámetros, la región se plasma en un todo jurídico, económico, tecnológico, cultural, histórico y de mercadeo para surgir exitosamente en el nuevo orden social y global.

Bossier llama a dichas regiones, regiones pivotales; es decir, “las menores unidades político-administrativas que al mismo tiempo son estructuras complejas que poseen cultura, identidad y flexibilidad”.[7] Éstas pueden desarrollar procesos de asociación voluntaria con iguales, de mayor o menor tamaño adyacentes, acompañadas de grandes procesos de descentralización interna que trasladan funciones del estado central a los gobiernos locales, conformando las llamadas regiones de asociación. Las regiones pivotales y asociativas pueden hacer acuerdos contractuales corporativos, a corto o mediano plazo, con otras regiones que no generan unidad geográfica denominadas regiones virtuales. Todo esto entorno a los procesos de integración económica, que tienen su columna vertebral en el proyecto regional.

[1] Como lo anota el Stanfor Reserch Institute.
[2] Propuesta presentada en Cartagena en abril de 1994.
[3] Boisier, Sergio, Teorías y metáforas sobre desarrollo territorial, CEPAL-UN, Santiago, 1999, p. 35.
[4] Ibíd., p. 18.
[5] La flexibilidad se requiere a fin de ajustar las instituciones a las variantes realidades del medio; la velocidad es importante para salir y entrar rápidamente de acuerdos y redes y aprovechar oportunidades en un medio que se transforma rápidamente; la inteligencia institucional se refiere a la capacidad de establecer nodos con otras instituciones.
[6] Ibíd.
[7] Boisiser, Sergio, “Regionalización, descentralización y desarrollo regional. Perspectivas político administrativas en Chile”, en: Revista de la CEPAL, núm. 31, ILPES, Santiago, 27 de julio de 1994, p. 6.